Padres de familia inmigrantes reportan traducción defectuosa y lenta de documentos de educación especial

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Cuando Tania Rivera, una madre de familia residente en Los Ángeles, firmó un documento crucial para el programa de educación especial de su hijo Luis en el año 2022, esperaba que pudiera retornar a clases presenciales después de dos años de aprendizaje a distancia.

Pero el documento del programa de educación individualizada, también conocido como IEP, por sus siglas en inglés, que es un requisito para todos los niños que necesitan educación especial, sólo estaba disponible en inglés. El idioma materno de Rivera es el español.

Posteriormente, se le dijo que Luis, quien tiene autismo, tendría que continuar con el aprendizaje en línea, ya que el documento no especificaba que él necesitara class presenciales. Además, dijo, el documento le quitó la terapia ocupacional para escritura debido a que un intérprete de lenguaje erróneamente dijo que ella ya no quería que se le diera ese servicio.

“Es una gran desventaja la que tenemos, porque yo tengo un inglés, pero muy básico”, dilo Rivera. “Si hablamos de términos de educación o de términos legales, con una palabra [mal traducida] ya se pierde el contexto.”

Es muy común a lo largo de todo el estado de California que los padres de familia que hablan otros idiomas que no sean el inglés tengan que esperar por meses para las traducciones de sus documentos de educación especial, o que las traducciones sean incompletas o con errores, de acuerdo con los defensores de los estudiantes que necesitan educación especial. Dicen que estos problemas violan los derechos que tienen los padres de familia de participar en la educación de sus hijos, de acuerdo a la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad, la ley federal que regula la educación especial.

Una propuesta en la legislatura estatal, la Iniciativa de Ley 445 del Senado, pretende resolver algunos de estos problemas, pero su suerte permanece incierta debido a preocupaciones acerca de su costo potencial.

“Nunca he visto una traducción entregada a tiempo y nunca he visto todos los documentos traducidos por completo,” dijo Lisa Mosko Barros, fundadora de SpEducational, una organización que trabaja para educar a los padres de familia en la defensa de los derechos de sus hijos que tienen necesidades especiales y para mejorar el acceso que tienen a una educación de alta calidad. Mosko Barros ha trabajado con docenas de familias en el sur de California y ha entrenado a cientos de personas más para navegar el proceso de obtener un IEP.

Dijo que escucha las mismas quejas una y otra vez.

“Hablé con una madre esta mañana en el Inland Empire, quien hace un par de años firmó un IEP y no se dio cuenta de que estaba firmando su aprobación para eliminar los servicios de terapia del habla para su hijo, que no puede hablar y tiene autismo,” dijo Mosko Barros. “Esto puede realmente ayudar o desbaratar las posibilidades de acceso de un niño a una educación pública gratuita y apropiada.”

Luis, el hijo de Rivera, quien actualmente cursa el octavo grado, permaneció en clases en línea desde el quinto grado hasta este otoño y como resultado sufrió un retroceso, comentó su madre.

En total, perdió tres años de clases presenciales, primero en el 2020-21 cuando todos los estudiantes tuvieron educación a distancia, nuevamente en el 2021-2022 debido a que padecía asma crónica y su pediatra le recomendó quedarse en casa, ya que aún no existían vacunas contra el COVID-19 para niños. Posteriormente, en el 2022, los problemas originados por la mala traducción lo mantuvieron fuera de clases presenciales durante otro año.

“Ha tenido un retraso académico, y en lo social regresó mucho porque tres años sin ninguna interacción,” dijo Rivera.

Cuando se le preguntó al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles qué tanto tiempo toma para traducir las evaluaciones de educación especial y los documentos IEP, el equipo de comunicación del distrito respondió por escrito que “el distrito trabaja para emparejar y hacer congruentes los plazos de tiempo del IEP y devolver los documentos ya traducidos dentro del periodo de tiempo de 30 días.” Se negaron a comentar sobre el caso de Rivera.

Rivera y unas 200 personas más asistieron en septiembre a una reunión en línea con el senador demócrata por Burbank, Anthony Portantino, en la cual los padres de familia le compartieron cómo los largos tiempos de espera y la pobre calidad de las traducciones han perjudicado a sus hijos con necesidades especiales. Expresaron su apoyo a la iniciativa de ley de Portantino, la cual volvería obligatoria la traducción al idioma nativo de un padre de familia o tutor, por un “traductor calificado” dentro de un plazo máximo de 30 días naturales después de una reunión de IEP o una solicitud que se realice posteriormente a esta.

Las actuales leyes federales y estatales obligan a los distritos escolares a “realizar cualquier acción que sea necesaria” para garantizar que los padres de familia entiendan las reuniones de IEP y una ley del estado los obligan a traducir el IEP de un estudiante, a solicitud de alguno de los padres de familia, pero no se especifica un período de tiempo.

“Creo firmemente que los padres de familia pueden luchar mejor por los derechos de sus hijos cuando tienen el conocimiento para hacerlo. El hecho de que no puedan leer un IEP debido a barreras de lenguaje es inaceptable,” dijo Portantino. “Debemos encontrar una manera de traducir los IEPs más rápidamente.”

Portantino dijo que este tema le afecta de manera personal debido a que él tuvo dificultades cuando era estudiante, por tenere dislexia y  ADHD,y recibió una ayuda muy limitada de parte de las escuelas a las que asistió.

“Yo dependía principalmente del desarrollo de mis propios métodos de aprendizaje, como mucha repetición y buenas habilidades de escucha,” dijo Portantino. Pero él quiere asegurarse de que otros niños puedan recibir la ayuda que necesiten.

La iniciativa de ley fue aprobada en el Senado, en el Comité Educativo de la Asamblea Estatal y en el Comité de Asignación de Fondos de la Asamblea Estatal, sin que hubiera oposición. Sin embargo, un análisis del Comité de Asignación de Fondos de la Asamblea Estatal, mostró que la iniciativa podría costarle al Departamento de Educación de California $409,000 anuales y a los distritos escolares entre $6 y $16 millones de dólares, los cuales quizá también tendrían que ser reembolsados por el estado. Al creer que existía un riesgo de que la iniciativa de ley pudiera ser vetada este año debido a dichos costos, Portantino dijo que había elegido transformarla en una “iniciativa de dos años,” dando así un mayor tiempo para ser discutida en la legislatura y con el gobernador Gavin Newsom.

El Distrito Escolar Unificado de San Francisco aprobó una política en el 2022 para garantizar que se realice “todo esfuerzo posible” para traducir los documentos de educación especial antes de las reuniones, con el fin de que los padres de familia tengan tiempo de leerlos y entenderlos. También obliga a extender los tiempos de reunión para permitir la interpretación.

Carmen Rodríguez es una entre docenas de padres y madres de familia que impulsaron esa política. Rodríguez tiene dos niños con discapacidad. Antes de que fuera aprobada la política del Distrito Unificado de San Francisco, ella esperó ocho meses para una traducción escrita de la primera valoración de su hijo mayor, quien padece de ansiedad y una discapacidad de aprendizaje, y un año para el IEP de su hijo menor, quien padece dislexia.

“Si no está en ni mi idioma, ¿cómo voy a entender el documento, verdad? ¿Cómo sé que realmente lo que dice aquí es lo que mi hijo necesita?” dijo Rodríguez.

Además, dijo que las reuniones generalmente se interrumpían antes de finalizar, debido a que el distrito les asignaba un máximo de duración de una hora, sin considerar un tiempo para la interpretación.

Belén Pulido Martínez, directora de organización comunitaria para Innovate Public Schools, una organización que trabajó para lograr que se aprobara la política en San Francisco, dijo que esta política empodera a los padres de familia

“Actualmente en San Francisco, el distrito está capacitando a sus maestros de educación especial en lo relativo a esta política, y estamos súper contentos por esto, ya que no es tan solo un pedazo de papel que va a morir en un escritorio. Se está implementando,” dijo Martínez.

Matt Alexander, el comisionado de la mesa directiva del Distrito Unificado de San Francisco, quien trabajó con padres de familia para redactar dicha ley, dijo que los distritos escolares tienen que priorizar la traducción por escrito, así como la que se da a través de intérpretes, si es que quieren que los padres de familia se comprometan.

“En nuestro distrito, más de la mitad de nuestras familias no hablan inglés en casa. Así es que si nos preocupa comunicarnos con nuestras familias, debemos brindar traducción,” dijo Alexander. “El paso número uno es tener una política clara. El paso número dos es asegurarse de rendir cuentas a  las familias a las que estás impactando de manera directa. ¿Está funcionando? ¿Cómo lo mejoramos?”

Rodríguez dijo que desde que se aprobó la ley en San Francisco, muchas otras madres de familia le han expresado su agradecimiento. Comentó que le encantaría que la iniciativa SB 445 fuera aprobada para poder beneficiar a padres de familia de otros distritos.

“Porque realmente hay muchos niños de muchos lugares, de muchas escuelas que realmente no reciben el apoyo que se merecen y pues los papás tienen que batallar mucho para pedir una evaluación, para pedir un documento traducido, y les cuesta mucho,” dijo Rodríguez. “Realmente es un documento muy, muy largo, es un proceso muy largo, y si está en en nuestro idioma que nosotros podamos entenderlo, va a ser mucho más fácil para nosotros los padres saber procesar y entender el documento y  la evaluación que le van a dar a los niños.”

Este articulo se publicó por primera vez en inglés el 17 de noviembre de 2023.