Un informe encuentra insuficiencias en el sistema de justicia juvenil del Condado de L.A.

Falta una “cultura de aprendizaje” en la mayoría de los salones, dice el informe

Campus Kilpatrick is a juvenile camp located in Los Angeles County.
Credit: L.A. County Probation Department
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Una enseñanza pobre e inconsistente, además de apatía por parte de los estudiantes, están entre los hallazgos de una reseña ciudadana acerca de la educación que se ofrece a los jóvenes detenidos en las instalaciones juveniles de Los Ángeles. Un informe recientemente dado a conocer describe un escenario que ha hecho poco por fomentar el aprendizaje y en el cual los estudiantes estaban más interesados en obtener un certificado de preparatoria que en aprender.

“La actitud de la mayoría de los estudiantes era o bien apática, o de oposición a las actividades de aprendizaje,” escribieron los autores en el informe de 14 páginas.

“La mayoría de los maestros parecían creer que este mínimo de trabajo era lo más que podría esperarse razonablemente de estos estudiantes,” concluye el informe sobre los hallazgos de la reseña ciudadana.

Los comisionados que desarrollaron la reseña “atribuyen la resistencia de los estudiantes principalmente a la ambientación carcelaria, la mala calidad e inconsistencia de la instrucción en el salón de clases y a que no se integra en la planeación de la instrucción a los adults credencializados que no son maestros y que están en los salones,” continuó el informe.

Los comisionados también dijeron que la “norma aceptada” era que los estudiantes no hicieran nada a menos que se les ofreciera alguna recompensa, como por ejemplo, créditos que cuenten para la graduación, y aún así, “los créditos otorgados son demasiado generosos en comparación con la cantidad de contenidos que llegan dominar.”

Notaron que las clases comúnmente dependían del uso de videos o de la lectura de un ensayo seguido de la respuesta a breves preguntas, pero que las clases que no se apoyaban en dicho tipo de herramientas de instrucción, tendían a tener
un mayor índice de compromiso entre los estudiantes y los maestros.

El resultado es un ambiente donde “aunque todos los maestros y el personal constantemente animan a los estudiantes a trabajar duro y a aprender lo suficiente para salir adelante, la estructura del programa y las prácticas de los maestros dejan en claro que evitar las interrupciones y hacer lo que ya está dispuesto, es lo que en realidad se valora.”

Las escuelas del sistema de justicia juvenil de California, que pueden incluir a gente joven en edades de entre 12 y 25 años de edad, frecuentemente se conocen como “escuelas de la corte” y las conducen las oficinas de educación de los condados.

Los hallazgos del informe, sin embargo, fueron cuestionados por Debra Duardo, Superintendente de la oficina de educación del condado, quien en una respuesta por escrito a la comisión, cuestionó sus conclusiones, a la vez que ofreció trabajar en conjunto para mejorar la experiencia de la gente joven en las prisiones juveniles.

“El reporte menciona repetidamente lo que piensan los maestros y otros miembros del personal, y no se valida de dónde vino esa información, con la mención de hechos concretos”, escribió. “Los hallazgos no están basados en hechos, sino en especulaciones y conjeturas.”

En un correo electrónico dirigido a EdSource el viernes, añadió: “Con toda una vida como defensora de la juventud en riesgo, estoy decepcionada del informe publicado por la Comisión de Libertad Condicional (Probation Commission) que carece de un enfoque estructurado o basado en la investigación, para el análisis de un programa educativo. La información publicada no refleja una representación justa de lo que sucede cotidianamente en nuestras escuelas.”

Las observaciones y entrevistas sobre las que gira el informe fueron llevadas acabo por un comité de cuatro personas, durante un periodo de cinco meses entre junio y octubre de 2021. Cada visita al sitio duró entre 10 y 50 minutos.

La reseña se llevó a cabo por un comité de la Comisión de Supervisión de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, un grupo de civiles creado por la Mesa Directiva de Supervisores en el 2020 para monitorear y asesorar al Departamento de Libertad Condicional y a la Mesa Directiva de Supervisores, conforme se implementen las reformas al sistema de justicia.

Los problemas y los intentos de reforma han abrumado al sistema de justicia juvenil del Condado de Los Ángeles durante años. Una demanda a nivel federal resuelta recientemente encontró problemas con el acceso de los jóvenes a la educación y una agencia de supervisión estatal el año pasado dijo que algunos de los salones del condado eran “no aptos para el confinamiento de jóvenes.”
También en el 2010 se llegó a un acuerdo en una demanda colectiva que argumentaba que había programas inadecuados de educación para los jóvenes en las instalaciones de internamiento juvenil más grandes del condado. Las reformas se enfocaron en 13 áreas principales que incluían alfabetización, instrucción, transición, educación especial y cuidado después de clases.

Una de las cuatro personas que ayudaron a llevar adelante las observaciones y entrevistas para el último informe es Sean Garcia-Leys, un miembro de la Comisión de Supervisión de Libertad Condicional y abogado de derechos civiles.

En las entrevistas que llevó a cabo, le comentó a EdSource, que algunos jóvenes estaban frustrados y que preferían que se les dejara en paz, mientras que otros se daban cuenta que necesitaban sólo unos cuantos créditos para recibir su certificado de preparatoria y buscaban la forma de alcanzar eso lo más pronto posible.

“Pero en ningún caso, con algunas excepciones, había alguien que dijera: ‘quiero aprender, quiero entender el mundo mejor. Quiero convertirme en una persona educada,’” dijo García-Leys, quien fue maestro de preparatoria en Los Ángeles antes de convertirse en abogado. “Esas opciones no estaban disponibles para ellos. Yo no describiría eso como educación, sino más bien lo describiría como, saben, querer un diploma.”

El comisionado habló en nombre de sus propias observaciones, no en nombre de la Comisión de Supervisión.

Mainor Xuncax fue puesto en libertad de Camp Kilpatrick en Malibú en el 2019, después de pasar seis meses dentro del campamento juvenil. Para entonces había entrado y salido de algunas otras instalaciones juveniles en el Condado de L.A. por una serie de pequeños crímenes, siendo su primer ingreso a los 14 años.

Tratándose de su educación observó una notable diferencia en la manera en que se enseñaba en la escuela de su comunidad en comparación con las instalaciones y campamentos juveniles.

“Estamos ahí dentro por una razón; estamos atravesando algo. Algunos maestros vienen con esa mentalidad de: ‘Estos chicos no escuchan,’” dijo Xuncax, quien creció cerca del centro de Los Ángeles. “Siento como que se dan por vencidos y
sienten como que somos causas perdidas.”

No todos los maestros eran de esta manera, dijo en una entrevista con EdSource. Había unos cuantos que verdaderamente trataban de conectar con él y con otros estudiantes. Para cuando abandonó el campamento, había obtenido suficientes créditos como para poder caminar por el escenario en la graduación de su generación en la escuela de continuación a la que asistió antes de Camp Kilpatrick.

Invitó a su madre para que lo pudiera ver caminar por un escenario de graduación por primera vez.

“Sólo verla feliz por mí, fue un alivio,“ dijo Xuncax acerca de la experiencia. “Al verla sonreír, sentí que yo había logrado algo.”

Xuncax tiene ahora 21 años de edad y vive en Texas con su hija de un año y su novia a la vez que trabaja de manera remota como promotor de políticas en favor de la juventud con una organización asentada en Los Ángeles llamada Arts for Healing and Justice Network. Se involucró por primera vez con esta organización mientras aún estaba en Camp Kilpatrick y se le ofreció un trabajo en período de prácticas poco después, cuando fue puesto en libertad a los 17 años de edad. El atribuye el cambio que se dio en su vida a dos factores: La orientación de la organización para la que hoy trabaja y el nacimiento de su hija.

Los maestros no reciben el apoyo y la capacitación que requieren para tener éxito en el sistema, dijo Florence Avognon, quien ha trabajado como educadora en el sistema de justicia juvenil del Condado de Los Ángeles durante 20 años y recibió el premio de Maestra del Año en 2012. Su experiencia confirma los retos que enfrentan los maestros y que se describen en el informe, le dijo a EdSource.

Uno de los temas que ella ve es la falta de desarrollo profesional para los educadores que están enseñando en las así llamadas, escuelas de la corte. El condado, dijo, ha desarrollado programas de educación para apoyar a los estudiantes dentro de las instalaciones juveniles y los campamentos. Pero ella añadió una advertencia.

“No están prestando atención a la necesidad que existe de fortalecer el dominio que tienen los maestros de los contenidos con el fin de que puedan preparar mejor a los estudiantes para los exámenes estandarizados,” dijo, refiriéndose a las pruebas estatales que los estudiantes realizan anualmente.

En diciembre, la oficina de educación del condado de Los Ángeles respondió a una versión en borrador del informe, detallando varias “preocupaciones” específicas con la metodología del informe, las recomendaciones de los autores, y con la
evaluación que hace el informe sobre el programa educativo.

La respuesta también incluía una lista de las reformas y acciones que la Oficina de Educación del Condado continuaría implementando tales como la enseñanza de currículo culturalmente pertinente, minimizar el uso de maestros sustitutos y el involucramiento con los padres de familia.

En 2020 el Gobernador Gavin Newsom firmó para convertir en ley la iniciativa 823 del Senado, la cuál requería que las prisiones de jóvenes del Estado cerraran para el año 2023 y en su lugar, se enviara a los jóvenes a instalaciones locales que fueran administradas por los 58 condados del Estado. Dependiendo de la gravedad del caso, los jóvenes todavía podrían ser enviados a instalaciones estatales.

Garcia-Leys está entre aquellos que esperan que el cambio a instalaciones administradas por los condados también pudiera significar un mejoramiento en la calidad y en el impacto de la educación que se ofrece.

El Condado de Los Ángeles aún debe decidir qué instalaciones utilizarán de manera permanente para alojar a los jóvenes que de otra manera hubieran sido retenidos a nivel estatal. Esto es preocupante de acuerdo a Garcia-Leys.

“Me preocupa que estemos esperando tanto para elegir una nueva instalación y que cuando finalmente suceda, todo el mundo va estar como: ‘Vamos, vamos, vamos, hagamos que esto suceda,’” dijo. “Y que en ese apuro por encontrar un hogar permanente para estos jóvenes, cosas como el garantizar que estemos creando una nueva escuela desde cero, que sea lo mejor que pudiera ser — ese tipo de pasos pudieran saltarse.”

Durante una próxima reunión en marzo, se espera que la Mesa Directiva de Supervisores del Condado discuta una recomendación para seleccionar a Camp Scott en Santa Clarita y a Camp Kilpatrick en Malibu Canyon como las instalaciones permanentes.

Su preocupación por el retraso en la selección de las instalaciones para el Condado de Los Ángeles es parte de la razón por la cuál se unió a los esfuerzos para elaborar el informe.

“Otra parte importante de esto, es asegurarnos tan sólo de que estamos con los pies en la tierra, poniendo atención, haciendo aportes, observando y priorizando la educación, especialmente conforme llevamos a cabo algunos cambios adicionales,”
dijo.

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